Qué son las salidas alternativas
Un proceso penal no siempre termina en un juicio oral. El Código Procesal Penal contempla mecanismos que permiten poner término al caso o suspenderlo bajo ciertas condiciones, entre ellos la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad. Son herramientas distintas, con requisitos propios, y no proceden en todos los casos ni dependen solo de lo que desee el imputado o la víctima.
Suspensión condicional del procedimiento: requisitos
El fiscal, con el acuerdo del imputado, puede solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento (Código Procesal Penal, artículo 237). Puede decretarse si se cumplen estos requisitos:
- La pena que pudiere imponerse en caso de condena no excede de tres años de privación de libertad.
- El imputado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.
- No tiene vigente otra suspensión condicional, o han transcurrido más de tres años desde la anterior, contados al momento de verificarse los hechos del nuevo proceso.
La presencia del defensor del imputado en la audiencia es requisito de validez. Si la víctima o el querellante asisten, el tribunal debe oírlos. Para ciertos delitos graves que enumera el artículo 237, como homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, y algunos delitos sexuales, el fiscal debe someter su decisión al Fiscal Regional. La resolución que se pronuncia sobre la suspensión es apelable por el imputado, la víctima, el Ministerio Público y el querellante.
Existe además una modalidad para el tratamiento del consumo problemático de drogas o alcohol, con requisitos propios (artículo 238 bis).
Plazo y condiciones
Al decretar la suspensión, el juez fija las condiciones que el imputado debe cumplir y el plazo, que no puede ser inferior a un año ni superior a tres (artículo 237). Durante ese período no se reanuda el curso de la prescripción de la acción penal. Según el caso, el juez puede imponer una o más de estas condiciones (artículo 238):
- Residir o no residir en un lugar determinado.
- Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas.
- Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.
- Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a un programa educacional o de capacitación.
- Pagar una suma a título de indemnización a la víctima o garantizar su pago, con posibilidad de pagar en cuotas dentro del período de suspensión.
- Acudir periódicamente ante el Ministerio Público y acreditar el cumplimiento de las demás condiciones.
- Fijar domicilio e informar cualquier cambio, u otra condición propuesta fundadamente por el Ministerio Público.
Efectos de la suspensión condicional
Si transcurre el plazo fijado sin que la suspensión sea revocada, se extingue la acción penal y el tribunal debe dictar el sobreseimiento definitivo (artículo 240). Los pagos que reciba la víctima a título de indemnización se imputan a la que pudiera corresponderle, y la suspensión no impide perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho (artículos 237 y 240).
La suspensión puede revocarse si el imputado incumple sin justificación, de manera grave o reiterada, las condiciones, o si es formalizado por hechos distintos; en ese caso, el procedimiento continúa según las reglas generales (artículo 239). Por eso es importante cumplir y poder acreditar el cumplimiento.
Puede solicitarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación; una vez declarado el cierre, solo en la audiencia de preparación del juicio oral, y excepcionalmente hasta antes del envío del auto de apertura (artículo 245).
Acuerdos reparatorios
El imputado y la víctima pueden convenir un acuerdo reparatorio, que el juez de garantía aprueba en una audiencia si verifica que ambos prestaron su consentimiento libremente y con pleno conocimiento de sus derechos (artículo 241). Solo procede respecto de hechos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, que consistan en lesiones menos graves o que constituyan delitos culposos. La ley agrega además algunos delitos específicos, entre ellos las amenazas de los artículos 296 y 297 del Código Penal y las lesiones leves del artículo 494, número 5.
El juez niega la aprobación si los hechos no están dentro de esos casos, si el consentimiento no aparece libremente prestado o si existe un interés público prevalente en continuar la persecución, circunstancia que se entiende especialmente presente si el imputado ha incurrido reiteradamente en hechos similares.
Efectos: cumplidas o debidamente garantizadas las obligaciones, el tribunal dicta sobreseimiento definitivo y se extingue la responsabilidad penal de quien celebró el acuerdo (artículo 242). Si el imputado incumple de forma injustificada, grave o reiterada, la víctima puede pedir que se resuelva el cumplimiento o que se deje sin efecto el acuerdo y se reinicie la investigación, sin posibilidad de un nuevo acuerdo (artículo 242). El cumplimiento se puede exigir ante el juez de garantía (artículo 243).
Principio de oportunidad y registro
Con el principio de oportunidad, los fiscales pueden no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés público, salvo que la pena mínima asignada al delito exceda de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Tampoco procede si el imputado fue beneficiado con esta facultad dentro de los dos años anteriores al hecho (artículo 170).
El fiscal debe emitir una decisión motivada y comunicarla al juez de garantía. Dentro de diez días, el juez puede dejarla sin efecto si el fiscal excedió sus atribuciones o si la víctima manifiesta su interés en que la persecución se inicie o continúe. Vencidos los plazos y las reclamaciones, se extingue la acción penal respecto del hecho, sin perjuicio de la vía civil.
El Ministerio Público lleva un registro de las suspensiones condicionales decretadas y de los acuerdos reparatorios aprobados, para verificar el cumplimiento de condiciones y los requisitos de una eventual nueva salida alternativa. Es reservado, sin perjuicio del derecho de la víctima de conocer la información relativa al imputado (artículo 246).
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