¿Qué es la Ley de Delitos Económicos?
La Ley de Delitos Económicos es la Ley N° 21.595, publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023. Establece un régimen especial para ciertos delitos vinculados a la actividad empresarial, ordena su clasificación en categorías, fija reglas propias para determinar las penas y modificó la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Su entrada en vigencia fue diferida. Las reglas sobre responsabilidad de las personas jurídicas comenzaron a regir el 1 de septiembre de 2024, por lo que conviene revisar la situación actual.
Las cuatro categorías de delitos económicos
La ley no define el delito económico en abstracto: lista delitos y los agrupa en cuatro categorías.
- Primera categoría: delitos que son económicos en toda circunstancia. Incluyen, por ejemplo, ciertos delitos del mercado de valores, el cohecho a funcionarios públicos extranjeros y la corrupción entre particulares.
- Segunda categoría: delitos que lo son cuando se cometen en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o para su beneficio económico o de otra naturaleza. Incluyen, entre otros, delitos tributarios, informáticos, medioambientales y patrimoniales, y el soborno a funcionarios públicos nacionales.
- Tercera categoría: delitos que se vinculan con la actividad de una empresa, ya sea por la posición de quien los comete o por el beneficio que reportan a la empresa.
- Cuarta categoría: el lavado de activos y la receptación, cuando el delito base es económico o se cometió en un contexto empresarial.
Penas, multas y comiso
La ley contiene un régimen especial para determinar las penas. Entre sus características generales:
- mantiene las penas de cárcel de cada delito, pero fija reglas propias para determinarlas;
- contempla multas e inhabilitaciones;
- contempla reglas especiales para las penas sustitutivas, con requisitos propios;
- refuerza el comiso de ganancias.
El Código Penal, por su parte, incorporó en su artículo 24 bis la regla de que toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito.
La ley también contempla reglas especiales para ciertos casos que involucran a micro y pequeñas empresas, de modo que el tamaño de la empresa puede ser relevante.
Responsabilidad de las personas jurídicas
La Ley N° 21.595 reformó el régimen de la Ley N° 20.393, incluidas las reglas sobre el modelo de prevención. Entre otras cosas, los protocolos y procedimientos internos para evitar delitos económicos deben darse a conocer a todos los trabajadores y deben incorporarse expresamente en los contratos de trabajo y de prestación de servicios, incluidos los de los máximos ejecutivos.
Revisamos con más detalle este tema en nuestras guías sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre el modelo de prevención de delitos.
Qué deberían revisar las empresas
- Si cuentan con un modelo de prevención de delitos adecuado a su tamaño y giro, y si realmente se aplica.
- Si los contratos de trabajo y con proveedores incorporan las obligaciones de cumplimiento.
- Si existe un canal de denuncias y un procedimiento para investigar.
- Si se capacita periódicamente a trabajadores y directivos.
- Si los trabajadores están al día en sus cotizaciones previsionales: la propia ley modificó el D.L. N° 3.500 y la Ley N° 17.322 para establecer sanciones penales a los empleadores que omitan retener o enterar cotizaciones, o que declaren una renta menor a la real.
- Cómo se relaciona la empresa con terceros, funcionarios públicos y proveedores.
Cómo podemos ayudarte
Analizamos el riesgo que puede tener tu empresa, te explicamos de forma clara qué cambió y qué corresponde ajustar, y te ayudamos con contratos, protocolos y documentación. También orientamos a directivos que necesiten entender su posición. Atendemos en Viña del Mar y Valparaíso.