¿Cómo se impugna una licitación pública?
Una licitación pública se impugna mediante la acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, que la Ley N° 19.886 contempla contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios ocurridos durante los procedimientos de contratación con organismos del Estado. Antes puede presentarse una reclamación administrativa a través de la plataforma de compras públicas. Ambas vías tienen plazos muy breves.
El Tribunal es un órgano jurisdiccional especial, con asiento en Santiago, que falla conforme a derecho y está sometido a la superintendencia de la Corte Suprema (artículo 22).
Qué puede conocer el Tribunal de Contratación Pública
El artículo 24 señala que solo es competente para conocer:
- La acción de impugnación contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios ocurridos durante los procedimientos de contratación con organismos del Estado.
- La acción de impugnación contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios ocurridos durante la ejecución de un contrato administrativo.
- La acción de impugnación contra actos ilegales o arbitrarios de la Dirección de Compras y Contratación Pública relativos al Registro de Proveedores.
- La acción de nulidad contra contratos celebrados con infracción de las normas del capítulo sobre probidad administrativa y transparencia.
No es competente para las acciones civiles que emanen de incumplimientos de contratos ni para acciones indemnizatorias de ningún tipo (artículo 24).
Plazos: lo más importante
- Acción ante el Tribunal: la demanda debe interponerse dentro del plazo fatal de diez días hábiles, contado desde que el demandante conoció o debió conocer la ilegalidad, arbitrariedad o vicio (artículo 24 ter). La puede presentar cualquier persona natural o jurídica con interés directo.
- Reclamación administrativa: cualquier interesado puede reclamar a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, ante el organismo que dictó el acto, dentro de cinco días hábiles desde la notificación o desde que conoció o debió conocer la ilegalidad. El organismo debe responder en cinco días hábiles. Planteada la reclamación, se interrumpe el plazo para ejercer las acciones jurisdiccionales (artículo 30 bis).
- Si antes dedujiste un recurso administrativo o esa reclamación, los diez días se cuentan desde la notificación del acto que le puso término o desde la certificación de que no fue resuelta en plazo (artículo 24 ter).
- La acción de nulidad no puede ejercerse después de dos años desde que se produjo el vicio (artículo 24 ter).
Cómo es el procedimiento y qué se puede obtener
La demanda debe explicar los hechos, las ilegalidades o arbitrariedades, las normas infringidas y lo que se pide al Tribunal (artículo 24 ter). Admitida a tramitación, el Tribunal oficia al organismo demandado, que debe informar dentro de diez días hábiles (artículo 25). El Tribunal puede decretar, de oficio o a petición de parte, la suspensión del procedimiento de contratación o de la suscripción o ejecución del contrato para resguardar un interés jurídicamente tutelado (artículo 25 bis).
La sentencia definitiva puede apelarse dentro de diez días hábiles ante la Corte de Apelaciones de Santiago (artículo 26 quinquies). Si se acoge la acción, la indemnización de perjuicios se demanda por separado ante el tribunal civil, dentro de seis meses desde que la sentencia esté firme (artículo 26 septies).
Garantías, adjudicación e inhabilidades
- Garantías: la de seriedad de la oferta se exige excepcionalmente, por razones de interés público y en licitaciones superiores a 5.000 UTM, y no puede exceder del tres por ciento del monto. La de fiel y oportuno cumplimiento se exige en contrataciones superiores a 1.000 UTM y alcanza el cinco por ciento del precio final neto ofertado; en las iguales o inferiores a 1.000 UTM, la entidad puede requerirla de manera fundada (artículo 11).
- Adjudicación: se realiza mediante resolución fundada. En licitaciones superiores a 5.000 UTM, el contrato solo puede suscribirse tras diez días hábiles desde la notificación de la adjudicación (artículo 10).
- Inadmisibilidad de ofertas: el órgano declara inadmisibles las ofertas que no se ajustan a las bases, la ley o el reglamento (artículo 9).
- Exclusión de proveedores: quedan excluidos quienes, en los dos años anteriores, hayan sido condenados por prácticas antisindicales, infracción a derechos fundamentales del trabajador o delitos concursales (artículo 4).
- Incompatibilidades: los organismos del Estado no pueden contratar con su personal ni con ciertos parientes y sociedades vinculadas, salvo las excepciones que la ley indica (artículo 35 quáter).
Errores frecuentes
- Dejar pasar los diez días hábiles del Tribunal o los cinco de la reclamación administrativa.
- No revisar las bases, que obligan tanto a los participantes como a la entidad licitante.
- Mezclar la acción de impugnación con una demanda de indemnización, que corresponde a otro tribunal y a otro momento.
- Presentar una demanda sin precisar el acto u omisión, la ilegalidad y las normas que se estiman infringidas.
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